SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) apoyó la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de variar su línea jurisprudencial referente al arrastre a la jurisdicción privilegiada en el caso de la convergencia en un proceso común de imputados.
Valoró como
positiva la perspectiva garantista del pleno de la Alta Corte, por ser
coherente a los principios preceptuados en la Constitución que resultan
inherentes a un Estado Social, Democrático y de Derecho.
“En efecto, esta decisión considera presupuestos como la tutela judicial
efectiva, el debido proceso y el derecho al juez natural los cuales resultan
aún más relevantes en el contexto de la materia penal, en razón de que se ven
envueltos derechos tan primarios como el de la libertad”, dijo Servio Tulio
Castaños Guzmán, vocero de la entidad de la sociedad civil.
Destacó que la jurisprudencia reiterada sobre el arrastre a la jurisdicción privilegiada además de que estaba enraizada en el anterior esquema penal, estaba de alguna manera justificada en la materialización de una justicia oportuna cuando los delitos que se pretenden cometidos responden a una aparente indivisibilidad de la infracción. En efecto, hacía referencia a que los hechos indivisibles deben ser conocidos, en principio, en el mismo tribunal.
Agregó que
en ese contexto la acusación de base individualiza las imputaciones alegadas.
“De haber mantenido el criterio de arrastre a esta jurisdicción de excepción de
personas diferentes a las que taxativamente indica la Constitución, comprometía
la tutela judicial efectiva y el debido proceso dejando en una zona oscura la
garantía del juez natural y el doble grado de jurisdicción al limitar los
recursos previstos para el procedimiento ordinario”, subrayó.
No obstante, el vicepresidente ejecutivo de la Finjus dijo que a pesar de la
importancia que reviste este caso a los fines de darle una respuesta a la
sociedad y emitir un mensaje claro de existencia de un sistema de consecuencias
sólido para los actos de corrupción, “esto no debe ir en detrimento ni
anteponerse a las garantías propias del proceso”, dijo en un documento.