Quizás no hay otro caso así en el sistema penal argentino. La Justicia penal de Venezuela espera a un preso acusado de un delito sumamente grave. Deberá ser extraditado en algún momento de la cárcel federal argentina en la que se encuentra arrestado, es solo cuestión de voluntad y tiempo. El preso, aquí en Argentina, busca ganar tiempo. Lo que lo espera es complicado.
En su país, Albert Randes Landaeta Cedeño, hoy de 26 años, fue acusado de homicidio calificado ejecutado con alevosía “y por motivos fútiles”. Lo acusan también de “agavillamiento”, el agravante de un ataque grupal, salir en banda.
El 2 de julio de 2018, según documentos judiciales, Landaeta Cedeño apareció en Buenos Aires: fue detenido tras una orden remitida a Interpol por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal del estado de Miranda, zona de Valles del Tuy, a cargo de la magistrada Sol Aracely Guardia. El pedido expreso del tribunal: extradición, con un expediente inicialmente a cargo del Juzgado Federal N°2 de Sebastián Ramos. Lo querían en Venezuela para juzgarlo y condenarlo.
La orden había sido planteada a nivel internacional en febrero de ese mismo año. Un documento del Tribunal Superior de Justicia venezolano refleja los intercambios entre el fuero penal de ese país y la rama argentina de Interpol, a cargo de la Policía Federal. El documento también contaba la historia completa, al menos en los términos de la acusación. El crimen al que lo vinculaban era particularmente brutal.
Ocurrió en diciembre de 2017. Eduardo Antonio Ramos Gutiérrez fue encontrado muerto en Valles del Tuy dentro de una camioneta Chery, sus restos calcinados. Su familia había denunciado su desaparición cuatro días antes. Eduardo tenía un negocio en sus planes, esa camioneta la iba a vender para comprar otra, propiedad de un hombre vinculado a Albert, una Toyota Land Cruiser. Hubo una pelea en un shopping local un día antes de que Eduardo desapareciera.
La noche de su muerte, Eduardo se comunicó con un teléfono vinculado a Landaeta Cedeño. Según un oficio remitido a la Justicia federal argentina, Albert “le colocó unas esposas a la víctima y le disparó en varias oportunidades con un arma de fuego y posteriormente lo introdujeron en el maletero del carro de la víctima”. Después, ya muerto, lo prendieron fuego.
La sospecha es que lo mataron para robarle el dinero de la venta, o para cobrarse una deuda cuyo titular sería Albert mismo. Otras fuentes policiales a nivel local sospechaban otras cosas: que Landaeta Cedeño estaría vinculado a loscolectivos, las ultraviolentas bandas paramilitares chavistas, algo que no consta en ningún documento del caso a los que accedió Infobae.
Landaeta Cedeño llegó a Buenos Aires meses después del crimen, quizás de forma ilegal, aunque obtuvo un DNI argentino. Se instaló en un conventillo de Almagro que se convirtió en su dirección fiscal: un mes antes de ser detenido se había registrado bajo los rubros propios de un empresario en la AFIP. Ahora, tras las rejas, tiene un defensor oficial. Mientras tanto, Venezuela nunca desistió de sus intenciones. Lo quiere, sí o sí.
El jueves 4 de este mes, la Sala IV de Casación, con los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, decidió por segunda vez en el caso -ya lo había hecho en febrero de 2019- luego de que el Juzgado Federal N°2 rechazara su prisión domiciliaria y la defensa de Landaeta la apelara, Con el argumento del coronavirus en el medio, Casación rechazó el pedido de prisión domiciliaria. Su defensa, por otra parte, notó lo obvio: que llevaba ya dos años de arresto preventivo.
En su fallo, los jueces declararon inadmisible el planteo de los defensores y pidieron a la cárcel en donde se encuentra que extremen los cuidados médicos por el coronavirus. La Sala IV evocó los argumentos de Ramos: dada la gravedad del delito, cualquier prisión domiciliaria significaría una posible fuga. La extradición ya había sido formalmente concedida, una decisión judicial de fines de 2019, tanto en su vía legal como administrativa.
La fecha en que Landaño saldrá del país es incierta. Lo que lo espera es mucho más incierto todavía. El hacinamiento en las cárceles venezolanas, la suciedad y la falta de medidas de higiene y salud llevan al riesgo obvio del COVID-19, con 6.500 casos reconocidos por el gobierno de Nicolás Maduro a nivel nacional. De acuerdo a la ONG Una Ventana a la Libertad, 172 reclusos murieron en 2019 y la principal causa fueron las enfermedades: de 46 fallecidos por diversas patologías, 22 fueron por tuberculosis.