Dirección de Ética lleva a la Procuraduría casos de discos duros del Plan Social y Salud Pública

    Dirección de Ética lleva a la Procuraduría casos de discos duros del Plan Social y Salud Pública
    Dirección de Ética lleva a la Procuraduría casos de discos duros del Plan Social y Salud Pública

    SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) informó mediante un comunicado que procedió a realizar formal deposito por ante la Procuraduría General de la República los casos relativos a la sustracción de discos duro del Plan Social de la Presidencia.

    Además se depositó los casos de la investigación realizada en la dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, referente a la denuncia pública sobre ventas de cargos y nombramientos en ese Ministerio.

    Sobre la sustracción de discos duro del Plan Social de la Presidencia, establece que la sustracción o mal uso de los bienes e instrumentos públicos que impiden el uso de la data, de las informaciones necesarias para la continuidad y correcta ejecución de las políticas públicas «es una conducta que debe ser combatida por toda la sociedad».

    Por otro lado, resalta que, en el caso de su investigación en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, «el expediente está compuesto de unos 40 documentos de cuyo análisis se determinó la procedencia de su depósito por ante la Procuraduría General de la República, para que la misma valore las responsabilidades penales que estime de lugar».

    El comunicado indica que en los archivos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental se encontraron denuncias de varios años atrás relativos a la venta de posiciones y cargos en el Ministerio de Salud Pública, situación histórica, que fue corroborada públicamente por el Dr. Nelson Rodríguez Monegro ex director del Servicio Nacional de Salud.

    Un documento de prensa enviado por el departamento de comunicaciones de la Dirección de Ética indica que, para la DIGEIG, es necesario que se establezcan precedentes que generen una cultura de consecuencias y sanciones penales por la comisión de actos contra el interés general de la sociedad y los recursos públicos.