Contrataciones Públicas apodera a PGR de expedientes en Plan Social e Inaipi

    Contrataciones Públicas apodera a PGR de expedientes sobre supuestas compras irregulares en Plan Social e Inaipi. Fuente externa.
    Contrataciones Públicas apodera a PGR de expedientes sobre supuestas compras irregulares en Plan Social e Inaipi. Fuente externa.

    SANTO DOMINGO.- El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, apoderó este martes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de tres expedientes con presuntas irregularidades en compras efectuadas el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y en el Plan Social de la Presidencia.
    De los tres expedientes que el funcionario entregó al PEPCA, uno pertenece al Plan Social y, según Pimentel, presumiblemente, “durante un tiempo considerable funcionó una estructura de proveedores y funcionarios” que agenciaban recursos y beneficios de manera ilícita durante el 2019.
    Asimismo, enfatizó que los expedientes que entregó tienen suficiente evidencia e información para que el Ministerio Público pueda profundizar en las investigaciones.
    De igual modo, dos de los expedientes entregados a la Procuraduría evidencian supuestas incongruencias en la contratación de servicios de leche del desayuno escolar por parte del INAIPI.
    El funcionario de contrataciones públicas aseguró que durante esas contrataciones de leche para desayuno escolar, efectuadas durante el 2018, existió un presunto “entramado que buscaba favorecer a proveedores y a funcionarios de manera ilegal”.
    Según la dirección de Contrataciones Públicas, mediante el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01, la institución de la infancia supuestamente adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías relacionadas entre sí por montos que superan los 60 millones de pesos con el argumento de que habían sido “procesos transparentes”.
    Asimismo, afirmó que otro caso encontrado en INAIPI está vinculado con la compra de equipos tecnológicos, durante el 2016, a través de procedimientos de urgencia “de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que costaron al Estado unos 208 millones de pesos”.
    Según una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, estos pagos se hicieron por concepto de equipos computacionales y de comunicaciones, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliario.
    En ese sentido, Pimentel garantizó que los tres expedientes que sometió tienen similitudes de asociación entre proveedores y titulares “para burlar” el sistema de contrataciones públicas y obtener supuestos contratos ilícitos.
    Pimentel garantizó que los avales de proveedores del Estado de las compañías involucradas fueron suspendidos y que van a continuar eliminando otros en la medida de sus hallazgos irregulares.
    Asimismo, Pimentel aseguró que a partir de ahora el Ministerio Público está encargado de acusar e individualizar a los actores involucrados en los casos que ha denunciado.
    Durante la gestión del director de Contrataciones Públicas se han entregado cuatro expedientes de presuntas incoherencias administrativas, incluyendo los tres de este martes.
    El primer expediente acusatorio qur se entregó a la PGR pertenece a la compra de hormigón asfáltico adquirido durante la gestión de Gonzalo Castillo cuando estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas.
    elnuevodiario