Las
protestas sociales en Bolivia se agravaban ayer, lunes, a medida que se acerca
el límite del ultimátum que el líder de los movilizados le dio al presidente
Evo Morales para que renuncie.
La víspera, el mandatario rechazó la conminatoria y acusó a los opositores de
gestar un golpe de Estado para derrocarlo.
“Vamos a resistir y estoy seguro que el pueblo está organizado”, dijo en una
entrevista por radio.
Tras una pausa por la festividad religiosa de Todos Santos, las protestas
callejeras regresaron con fuerza el lunes en las principales ciudades, aunque
no se reportó choques con fuerzas del orden o entre grupos afines y opositores
al mandatario. Según dirigentes opositores, las protestas se extienden a
ciudades más pequeñas con cortes y barricadas callejeras a medida que el
conflicto se prolonga. Las manifestaciones comenzaron tras las elecciones del
20 de octubre, que dieron la ventaja a Morales en primera vuelta. Los
opositores y un movimiento cívico-ciudadano rechazan ese resultado alegando que
el mandatario hizo fraude para reelegirse a un cuarto mandato. En tres semanas
de movilizaciones han fa llecido dos opositores. En los hechos, el gobierno
afronta dos frentes opositores que hasta la semana pasada eran uno solo.
El expresidente Carlos Mesa, líder de la centrista Comunidad Ciudadana (CC), segundo
en los comicios, demandó la víspera nuevas elecciones con un nuevo tribunal
electoral y llamó a sus seguidores a mantener las movilizaciones.
En el frente más radical están las plataformas ciudadanas bajo el liderazgo del
empresario Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz,
quien conminó a Morales a renunciar tras la muerte de dos manifestantes
opositores.
“No estamos derrocando a un gobierno, estamos liberando a una nación”, dijo
Camacho el sábado ante una gran concentración en Santa Cruz, un bastión
opositor. (periódico HOY).