Consejo Poder Judicial dice acusaciones contra Henry Molina son campaña de “descrédito”

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Rechazó las denuncias hechas en contra del presidente del organismo, Luis Henry Molina Peña, a quien se le atribuye supuestas relaciones de confianza entre personas que ocupan puestos del Consejo del Poder Judicial.
Rechazó las denuncias hechas en contra del presidente del organismo, Luis Henry Molina Peña, a quien se le atribuye supuestas relaciones de confianza entre personas que ocupan puestos del Consejo del Poder Judicial.

SANTO DOMINGO.- El Consejo del Poder Judicial (CPJ) denunció este domingo una presunta campaña de descrédito y desinformación en su contra y de su presidente Luis Henry Molina Peña.

A través de un comunicado, la entidad afirmó que los supuestos ataques se ha estado alentando a través de distintos espacios mediáticos y de opinión, desde hace meses, pero debido a la prudencia que exige el rol judicial «había decidido mantener silencio ante tan desafortunadas e irresponsables denuncias».

«Los niveles a que han llegado las mentiras difundidas empiezan a afectar, ya no solo la reputación del presidente de la Suprema Corte de Justicia y el ánimo de los miembros del Consejo (y sus equipos de apoyo). También atentan contra la estabilidad del propio sistema de justicia debido a la difusión de inventos e imprecisiones sobre su funcionamiento», declaró.

En ese orden, se refirió a la forma en que opera el Servicio judicial, asegurando que todos los procesos realizados por los órganos de apoyo del Consejo del Poder Judicial, así como por los comités, son públicos y regidos por las normativas vinculantes.

Sobre este aspecto, detalló que en el marco de un acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo del Poder Judicial se realizó un proceso abierto, internacional y transparente, siguiendo los estándares establecidos por dicho organismo para la contratación de los procesos relacionados con la respuesta a la pandemia y la virtualidad.

«Contrario a lo que se quiere decir, no ha habido ninguna entidad privada relacionada con el manejo y gestión de expedientes. Todos los recursos humanos y tecnológicos que operan y tienen relación con los expedientes en el proceso son internos».

Asimismo, rechazó las denuncias hechas en contra del presidente del organismo, Luis Henry Molina Peña, a quien se le atribuye supuestas relaciones de confianza entre personas que ocupan puestos del Consejo del Poder Judicial.

«Todos los puestos existentes son validados por informe de Gestión Humana y han sido parte de procesos de selección exhaustivos o concursos públicos aprobados por este Consejo, bajo los estándares y rigores exigidos por las leyes para cada posición. Reiteramos, además que la aprobación de estos procesos se da de manera democrática y horizontal», indicó.

Señaló, en ese sentido, que los servidores que acompañan la gestión del Consejo en los órganos de apoyo son parte de un equipo de gestión «que ha demostrado, con probidad y eficiencia», que es posible hacer un buen trabajo en el sector público.

INDEPENDENCIA DE JUECES Y JUEZAS

En el comunicado, el Consejo del Poder Judicial aseveró además que cada tribunal administra jurisdiccionalmente sus casos de manera independiente y como manda el ordenamiento jurídico.

«Las juezas y jueces son inamovibles y responden a un sistema de integridad que tiene muy claras y delineadas las directrices de su desempeño y las defensas de su independencia en el criterio de su trabajo. Las problemáticas del sistema, recogidas y socializadas en múltiples ocasiones,son parte de un trabajo continuo que apunta a dar mejores resultados de lo esperado en menor tiempo de lo planificado», subrayó.

Adicionalmente, sostuvo que distribución de la carga de trabajo jurisdiccional no se produce de manera discriminada como han mentido irresponsablemente, sino a través de sorteos aleatorios, como establecen la ley y los reglamentos. No existe ninguna relación de este aspecto con las modalidades de servicio implementadas en el pasado reciente. El único interés del Consejo del Poder Judicial es implementar políticas judiciales en beneficio de un servicio con mayor acceso, más oportuno, transparente, íntegro y eficiente.

Destacó que la independencia funcional consiste en la capacidad de cada tribunal de hacer su trabajo de acuerdo a su criterio jurídico. Sin presiones ni intromisiones, buscar justicia en buen Derecho y cumplir con las funciones encomendadas por la Constitución y Leyes de la República, a través de sus instituciones.

«El magistrado Luis Henry Molina Peña ha estado ligado por largos años a las mejoras del sistema de Justicia. Sus aportes a la ‘primera ola de reformas’, a la transformación, formación y tecnificación de la judicatura, así como su rol en la reforma procesal penal, son un legado reconocido por todo el sector justicia tanto nacional como internacionalmente», declaró en el comunicado.

Expuso que el gobierno administrativo y disciplinario de la justicia conlleva atribuciones dadas por mandato constitucional, legal y reglamentario, se da en un escenario institucional colegiado, totalmente separado del curso jurisdiccional del sistema. «Los miembros del Consejo del Poder Judicial son elegidos por sus pares, en cada instancia, por cinco años y no a dedo, como insiste la fábula que injuria y desinforma. Un órgano en el que se toman decisiones por mayoría de votos. Contemplando mecanismos de disenso que tienen constancia en las actas de las sesiones».

Respecto a la presunta campaña, argumentó que siempre que se pretende poner orden y regular el cumplimiento normativo, velando por el respeto a la ley, se producen este tipo de reacciones malintencionadas. «Somos conscientes de que no hay proceso perfecto y que el sistema de justicia debe continuar su camino de transformación para poder satisfacer las demandas y necesidades que tiene la sociedad en su conjunto».

Finalmente, señaló que para lograr mejorar el sistema de justicia es necesario construir en el diálogo. Dirimir las diferencias y lograr que el servicio de justicia pueda dar lo que esperan dominicanas y dominicanos. Pero las soluciones, las búsquedas compartidas, el avance gradual, debe encontrar un espacio común: el diálogo genuino, respetuoso y responsable. «Las críticas son saludables al sano ejercicio de las funciones estatales. Sin embargo, estas deben hacerse en el marco del respeto, en rigor a la verdad y estar encaminadas al fortalecimiento y la mejoría de las condiciones del servicio».