Avierten continúa en tribunales recuperación Teatro Agua y Luz

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Avierten continúa en tribunales recuperación Teatro Agua y Luz
Avierten continúa en tribunales recuperación Teatro Agua y Luz

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) reiteró hoy que continuará en tribunales hasta conseguir que el Teatro Agua y Luz sea devuelto al pueblo.

El órgano rector aseguró que defiende ante la Suprema Corte de Justicia la decisión adoptada a través de la resolución RIC-96-2020, en la que se estableció la ilegalidad de la licitación llevada a cabo por la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (Corphotels), para el arrendamiento del Teatro Agua y Luz, por ser contraria a las normas del debido proceso administrativo en materia de contratación pública.

La DGCP recordó que el pasado 26 de enero de 2021 el Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó la solicitud de medida cautelar interpuesta por la Consultora Astur, S.A., mediante la sentencia núm. 0030-01-2021-SSMC-00016.

Esto tras determinar, no solo la ilegalidad de la adjudicación. Sino también que la arrendataria del referido inmueble de carácter público, no ha realizado los trabajos de remozamiento contratados. Tampoco ha evidenciado las razones por las que no los ha ejecutado.

Durante su comparecencia ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, los abogados de la consultoría jurídica de la DGCP ratificaron sus conclusiones. Estas orientadas a que se rechace la acción de inconstitucionalidad y se declare de oficio la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto.

Resolución                                                                                              

Se recuerda que la resolución RIC-96-2020 anuló el proceso de licitación CFIH-CCC-LPN-2015-001 llevado a cabo por Corphotels. En virtud de tratarse de un contrato de concesión ilegal a 25 años y no de arrendamiento como fue convocado.

El director de la DGCP, Carlos Pimentel, subrayó que con dicha resolución el órgano rector ha actuado en defensa del patrimonio público en el marco de sus competencias, interés que fue lesionado al comprobarse que se adjudicó una concesión camuflada de alquiler.